En 2013, el presidente chino Xi Jinping lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Aunque en un principio iba a ser un programa masivo de inversiones en desarrollo de infraestructuras que, en última instancia, uniría Asia con Europa, el plan se expandió posteriormente por todo el mundo, sobre todo en los países en desarrollo.

Más de una década después, China se ha convertido en el mayor cobrador oficial de deudas del mundo, y el número de pagos atrasados que se le adeudan se está disparando en un momento en que Pekín está lidiando con sus propios problemas financieros. La organización de investigación AidData calcula que hasta el 80 % de la cartera de préstamos de China en el extranjero apoya actualmente a países con problemas económicos y que el total que se le debe supera el billón de dólares (unos 940 mil millones de euros).

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Las cifras de la deuda proceden de AidData y corresponden a la deuda total desde 2000 hasta 2021. Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses.

Adaptado al español por Alba Mora Antoja, Redactora en Español para loveMONEY.

Muchos de los préstamos emitidos por China durante la oleada de préstamos de la BRI se han destinado a proyectos de infraestructuras de gran envergadura, pero carecían de prácticas adecuadas de gestión de riesgos que ayudaran a garantizar el reembolso.

Un ejemplo de ello fue la concesión de préstamos a países como Bielorrusia, que posteriormente se enfrentaría a sanciones internacionales que le impedirían realizar transacciones en esas divisas.

El país del este de Europa debe ahora a China $11.000 millones (unos 10.230 millones de euros). Gran parte de este dinero se ha invertido en logística y fabricación, incluido el Parque Industrial de la Gran Piedra, que ha atraído a empresas chinas con incentivos fiscales.

China también ha prestado grandes sumas de dinero a Turkmenistán, país situado en Asia Central y conocido por sus abundantes yacimientos de gas y petróleo.

China pagó unos 6.000 kilómetros de infraestructura de gasoductos para llevar gas natural desde Turkmenistán a través del continente hasta su provincia occidental de Xinjiang. El proyecto se completó en 2009, y los funcionarios del gobierno de Turkmenistán informaron de que habían pagado la totalidad del gasoducto en 2021. Sin embargo, el coste exacto nunca se ha hecho público, y las estimaciones oscilan entre $8.000 y $10.000 millones (unos 7.463 y 9.329 millones de euros).

Kenia pidió prestados unos $5.000 millones (unos 4.664 millones de euros) para la construcción de su proyecto de ferrocarril de ancho estándar Mombasa-Nairobi, que se abrió a los pasajeros en 2017 y se considera, en general, un éxito, ya que ha contribuido a reducir a la mitad la duración de los trayectos.

Sin embargo, algunas voces críticas han señalado las repercusiones medioambientales y sociales del ferrocarril, que atraviesa el Parque Nacional de Nairobi, mientras que otras dudan de su ajustado calendario de amortización. Inicialmente, el plan también preveía que un segmento de la vía férrea conectara con la vecina Uganda, aunque posteriormente se desechó. Sin la opción del comercio transfronterizo, el ferrocarril podría resultar financieramente insostenible.

En octubre de 2023, se anunció que el presidente de Kenia, William Ruto, pediría a China la opción de devolver el préstamo ferroviario a un ritmo más lento. Al parecer, también tenía previsto solicitar otros $1.000 millones (unos 932,9 millones de euros) en préstamos para próximos proyectos de carreteras.

Hasta 2021, la nación de África Oriental debe a China $12.700 millones (unos 11.848 millones de euros). La agencia de noticias AP informa de que el gobierno ha estado reteniendo las nóminas de los funcionarios y funcionarias en un intento de ahorrar dinero para devolver sus préstamos extranjeros.

Se cree que la República Democrática del Congo (RDC) ha acumulado deudas por valor de más de $13.000 millones (unos 12.128 millones de euros) con China durante las dos últimas décadas, gran parte de las cuales están relacionadas con inversiones en minería e infraestructuras.

Como parte de su préstamo BRI, la RDC es uno de los muchos países que, según el informe de AidData, está obligado a “mantener un saldo mínimo en efectivo equivalente al 20 % de su deuda total pendiente en virtud de múltiples acuerdos de préstamo del Eximbank chino en una cuenta de garantía bloqueada en el extranjero y controlada por el prestamista”.

En periodos de recesión económica o dificultades financieras, cumplir estos requisitos es cada vez más difícil para los países prestatarios, lo que ahoga el crecimiento económico potencial que, de otro modo, podría ayudar a devolver los préstamos y da lugar a un ciclo interminable. Al mismo tiempo, otros prestamistas dudan en ofrecer rescates porque las cuentas bloqueadas colocan a China en primer lugar en la cola de pagos si el país incumple sus préstamos. Como resultado, muchos críticos se han referido a la BRI como una “trampa de la deuda”.

A principios de 2024, se informó de que las reservas de efectivo extranjero habían caído más de un 50 % en la RDC, entre temores de que sea solo cuestión de tiempo que la empobrecida nación se quede sin dinero para importaciones esenciales como alimentos y combustible.

La situación es similar en Zambia, que ha pedido prestados $13.500 millones (unos 12.600 millones de euros) para construir sus carreteras, ferrocarriles y presas.

Sin embargo, el mantenimiento de la deuda con China se comió una parte tan importante de los ingresos fiscales del país que este dejó de pagar sus préstamos. Desde entonces, la inflación se ha disparado un 50 % y la moneda local ha perdido un 30 % de su valor. El desempleo está en máximos históricos y una estimación de Naciones Unidas sugiere que alrededor de 3,5 millones de ciudadanos no pueden permitirse comprar alimentos. Para contextualizar, según datos de la web Worldometer, la población actual del país se acerca a los 20 millones.

Myanmar, que se enfrenta a las sanciones de muchos de los principales prestamistas del mundo debido a las violaciones de los derechos humanos, ha confiado durante años en China como principal fuente de inversión. La serie más reciente de financiación, acordada en 2018, incluye dinero para una mina de cobre, un proyecto ferroviario y un puerto de aguas profundas, a muchos de los cuales se oponen los residentes locales.

Durante el golpe de estado de febrero de 2021, que sumió a la nación del sudeste asiático en un periodo de inestabilidad política, se observó un sentimiento generalizado contrario a todo lo relacionado con China, y se destruyeron muchas fábricas chinas.

Sin embargo, desde el golpe, Myanmar ha reanudado muchos de sus proyectos previstos anteriormente. También ha tendido la mano a otros países, como Singapur e India, para reducir su dependencia de China.

Hasta 2021, Nigeria ha pedido prestados $14.500 millones (unos 13.500 millones de euros).

Enfrentado a dificultades económicas, el país de África Occidental está solicitando préstamos de emergencia por separado a Pekín, que, según se informa, cobra tipos de interés más elevados, de alrededor del 5 %, en comparación con el 2 % que suele cobrar el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se han invertido miles de millones en todo tipo de obras, desde el puerto de aguas profundas de Lekki hasta líneas de ferrocarril, aeropuertos y la primera línea de metro de Lagos (en la foto).

Las empresas constructoras chinas han construido gran parte de las recientes infraestructuras de Egipto, incluidas centrales eléctricas y la Nueva Capital Administrativa (NAC). Situada a unos 43,5 kilómetros al este de El Cairo, será la sede de oficinas gubernamentales y, con el tiempo, contará con más de cinco millones de residentes.

Sede de la Torre Icónica, el edificio más alto de África, esta nueva ciudad, aún sin nombre, está en gran parte desocupada y a menudo se la critica por ser un proyecto hecho solo por pura vanidad. China ayudó a financiar el proyecto, cuyo coste total se calcula en $40.000 millones (unos 37.316 millones de euros).

En 2022, cuando la economía egipcia atravesaba dificultades tan graves que se desencadenó un frenesí de compra de oro, el gobierno solicitó préstamos y paquetes de ayuda al FMI, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En octubre de 2023, firmó un acuerdo de canje de deuda con China para realizar más proyectos de desarrollo.

De todos los países que participan en la BRI, Malasia es el que ha llevado a cabo algunos de los proyectos más ambiciosos, como el Enlace Ferroviario de la Costa Este, de unos 643,7 kilómetros.

A pesar de ello, Malasia ha conseguido evitar gran parte de la “trampa de la deuda” a la que se enfrentan otros países de la lista, en gran parte, porque es más probable que los proyectos hayan sido iniciados por las partes interesadas locales y no por Pekín.

Por mala suerte, la falta de diligencia por parte de los inversores chinos ha hecho que la construcción de infraestructuras en Malasia diste mucho de ser un camino de rosas. La malversación de fondos, los problemas legales y los retrasos en los plazos han plagado los proyectos.

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Camboya es uno de los muchos países cuya deuda con China supera el 20 % de su PIB nominal.

Mientras que a algunos politólogos y politólogas les preocupa que esta excesiva dependencia de China pueda dejar a Camboya vulnerable al efecto trampa de la deuda que se observa en otros lugares, a otros/as les preocupa más la calidad de las infraestructuras que se están construyendo, así como las promesas exageradas que hacen los políticos sobre los beneficios de la BRI.

Sin embargo, uno de los mayores proyectos de inversión china en Camboya, la Zona Económica Especial de Sihanoukville, se ha considerado, en gran medida, un éxito. Incluye cientos de fábricas y otras infraestructuras, incluidos proyectos de carreteras de miles de millones de dólares para conectar la zona con la cercana ciudad portuaria de Sihanoukville.

Aunque la BRI se dirigió inicialmente a la región euroasiática, China ha ampliado su alcance a todo el planeta prestando dinero a países como Perú, que ahora debe a China $16.900 millones (unos 15.700 millones de euros).

China es el principal inversor en la nación sudamericana, sobre todo en el sector minero. Como las materias primas de Perú tienen una gran demanda en China, diversificó sus inversiones para incluir infraestructuras portuarias, con empresas chinas construyendo un megaproyecto portuario en la ciudad de Chancay.

A partir de 2020, China ha puesto fin a los préstamos estatales a los gobiernos latinoamericanos. En un informe de mayo de 2022, el sitio de noticias VOA señaló que el país se centra ahora en la financiación privada destinada a proyectos mineros y energéticos con un elemento chino, por temor a que los prestatarios se endeuden demasiado.

China lleva mucho tiempo invirtiendo en los sectores de la agricultura, el transporte y la energía de Sudán, y algunas estimaciones sugieren que se han destinado hasta $3.000 millones (unos 2.790 millones de euros) al desarrollo de yacimientos petrolíferos y oleoductos en el país.

Enfrentada a las sanciones económicas de Occidente, la nación norteafricana no había podido pagar los préstamos emitidos. El gobierno sudanés había revelado anteriormente que debía $127 millones (unos 118 millones de euros) de intereses de penalización a sus acreedores chinos hasta marzo de 2022.

Esta deuda, cada vez mayor, está en mayor peligro, ya que la población civil huye de Sudán tras la escalada de violencia e inestabilidad política que desembocó en una guerra civil.

Debido a sus amplias reservas de gas natural, la energía ha sido un sector prioritario para China en Uzbekistán. Uno de sus mayores proyectos en la nación euroasiática es la planta de procesamiento Oltin Yo’l GTL, que se inauguró en 2021 y cuya construcción costó $3.400 millones (unos 3.162 millones de euros).

Las empresas chinas también han financiado fábricas textiles y de cerámica, destinadas a los consumidores locales y a los importadores de China.

También se han mejorado las infraestructuras de transporte y logística para facilitar este nuevo comercio. Sin embargo, la oleada de desarrollo tiene un coste y, en las dos últimas décadas, Uzbekistán ha acumulado una deuda total de $18.000 millones (unos 16.740 millones de euros).

Junto con Zambia, Sri Lanka ha dejado de pagar sus préstamos de China, llegando a un punto, en la primavera de 2022, en que ni siquiera podía hacer frente al pago de los intereses de la deuda.

Desde entonces, el país se ha enfrentado a la peor crisis económica de su historia, con cientos de miles de personas que han perdido su empleo, una inflación galopante (que ha llegado incluso al 50 %) y gran parte de la población sumida en la pobreza. Las subidas de impuestos han desencadenado amplias protestas en todos los sectores, desde médicos y profesores universitarios hasta trabajadores portuarios y de la extracción de petróleo.

Aunque el FMI accedió a conceder a Sri Lanka un rescate a principios de año, no está claro si podrá optar a la siguiente ronda de pagos. Al igual que otros países, la nación del sur de Asia ha recurrido a China para obtener préstamos de emergencia, que vienen con menos condiciones, pero con tipos de interés más altos.

La BRI abarca mucho más que comercio e infraestructuras: también pretende ganarse la simpatía del mundo en desarrollo hacia China y “[difundir] mensajes positivos sobre sus actividades en el extranjero”, según AidData.

Este parece ser, sin duda, el caso de las inversiones en Bangladesh. A medida que ha mejorado la percepción pública de China, ha aumentado su compromiso financiero anual con el país, de $994 millones (927 millones de euros) al inicio del programa a casi $3.500 millones (unos 3.265 millones de euros) a principios de esta década.

El dinero que fluye hacia Bangladesh ha tenido un impacto beneficioso, desde ayudar a reducir la pobreza hasta desarrollar grandes obras de infraestructura, como centrales eléctricas y puentes. Más o menos al mismo tiempo, China superó a su vecina India como mayor socio comercial de Bangladesh. No es de extrañar que la buena voluntad hacia Pekín haya ido en aumento.

Cuando se trata de financiar y construir infraestructuras, los funcionarios etíopes han manifestado su preferencia por trabajar con China frente a otras fuentes de ayuda, como el Banco Mundial. Reconociendo que estos préstamos son más caros, siguen favoreciendo la rapidez y facilidad de trabajar con Pekín.

Las empresas chinas se han hecho con los contratos de proyectos de varias fases, como el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Addis-África (AAICEC). La construcción del AAICEC comenzó en 2017 y sigue en curso.

Sin embargo, Etiopía se ha visto obligada a solicitar un alivio de la deuda a China y a otros acreedores. Al igual que otros países de esta lista que luchan por pagar sus deudas a China, las reservas de divisas de Etiopía, que utiliza para comprar artículos de primera necesidad como combustible y alimentos, se están agotando peligrosamente.

Una investigación del Banco Mundial sobre los préstamos chinos descubrió cientos de préstamos que no contaban en los libros de contabilidad. A medida que los países aprovechaban la financiación de la BRI para desarrollar infraestructuras muy necesarias, se endeudaron rápidamente, lo que hizo temer que las agencias de calificación crediticia consideraran problemática la adición de más deuda.

Como solución, China creó empresas ficticias para muchos grandes proyectos de infraestructuras en lugares como Laos, lo que permitió a los prestatarios acumular deuda privada, aunque estuviera respaldada por el gobierno.

Los resultados de la investigación mostraron la friolera de $385.000 millones (unos 359.166 millones de euros) de deuda china oculta o no declarada en 88 países, muchos de los cuales se encuentran en una situación desesperada. En Laos, por ejemplo, se financió un sistema ferroviario con un préstamo de $3.500 millones (unos 3.265 millones de euros), que, según las investigaciones, se tardaría en pagar alrededor del 25 % de la producción anual del país.

Sudáfrica es uno de los mayores prestatarios del continente, con una deuda total que ronda los $21.300 millones (unos 19.870 millones de euros) en las dos últimas décadas.

A pesar de ello, no es uno de los muchos países que tienen dificultades para hacer frente a su deuda china. Las investigaciones sugieren que esto puede deberse a que Sudáfrica ya tenía unas buenas condiciones comerciales y logísticas establecidas antes de la BRI, lo que significa que cualquier inversión en nuevas infraestructuras tenía más probabilidades de ofrecer un mayor rendimiento, permitiendo así al gobierno hacer frente al servicio de la deuda.

Las investigaciones también han destacado que Sudáfrica tuvo menos trabajadores chinos durante el programa en comparación con otros países.

Gran parte de la deuda de Ecuador está vinculada a contratos de crudo, y las condiciones de estos préstamos distan mucho de ser favorables. Tras las inversiones chinas en minería y otras infraestructuras, el gobierno ecuatoriano debe hasta 160 millones de barriles de petróleo para ayudar a devolver los préstamos. En 2023, reestructuró su deuda con China, lo que permitió a Ecuador vender más petróleo al mercado.

Estados Unidos es consciente del impacto múltiple de los préstamos de China, a saber, el mayor acceso a minerales preciosos y otros recursos y las dificultades económicas que asolan a muchos otros prestatarios. En 2021, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Ecuador por valor de $2.800 millones (unos 2.612 millones de euros) para ayudar a la nación sudamericana a pagar parte de su deuda con China “a cambio de excluir a los grupos chinos de las redes de telecomunicaciones del país”, según explica el periódico Financial Times.

El equipo de AidData informa de que Irán ha adquirido una deuda total de $28.000 millones (unos 26.000 millones de euros) en los últimos 20 años. Sin embargo, muy poco de ello se reconoce públicamente o está relacionado con la BRI.

Según los informes, en la última década, China aportó $350 millones (unos 326 millones de euros) para un proyecto siderúrgico en Irán, así como $2.300 millones (unos 2.140 millones de euros) para una línea ferroviaria de pasajeros que conecta Qom e Isfahán.

Las voces críticas dicen que el nuevo ferrocarril no es económicamente justificable, mientras que otros proyectos ferroviarios iraníes con más probabilidades de generar ingresos están al parecer inacabados. Además, esta obra depende principalmente de la mano de obra y los materiales chinos, lo que deja pocos beneficios a Irán.

Desde hace tiempo, Turquía y China colaboran en el desarrollo de infraestructuras. Los sectores del transporte y la energía dominan su agenda mutua tras el lanzamiento de la BRI en 2013.

En 2023, Turquía y China están encabezando un plan masivo para crear una ruta comercial que conectará los países de Asia Central y el Cáucaso. La idea de un “Corredor Medio”, que incluiría Azerbaiyán, Georgia y Kazajistán, se lleva debatiendo décadas, y la conversación se ha reavivado recientemente con la esperanza de aprovechar el interés internacional por una ruta comercial alternativa que pueda evitar a Rusia.

Aunque Turquía se encuentra entre los 10 países con más deuda china según AidData, aparentemente ha obtenido mejores resultados del programa BRI en comparación con muchas otras naciones de esta lista.

En 2017, AidData calculó que Vietnam debía más de $16.000 millones (unos 14.880 millones de euros) solo en concepto de financiación de proyectos de obras de construcción, incluida la línea de tranvía Cat Linh-Ha Dong.

A medida que aumentaba la deuda total, el país buscó desvincularse de la influencia china, desanimado por los elevados tipos de interés y algunas de las condiciones menos favorables, incluido el uso de mano de obra china. Desde entonces no se han anunciado nuevos proyectos vinculados oficialmente a la BRI.

Se cree que Vietnam ha evitado la “trampa de la deuda” china, reembolsando cómodamente sus préstamos. Sin embargo, la nación se está enriqueciendo rápidamente, y las infraestructuras son esenciales para mantener este desarrollo, mientras que el capital local es cada vez más escaso.

China ha enviado históricamente financiación a Argentina, pero no fue hasta el lanzamiento de la BRI cuando el dinero empezó a fluir realmente, financiando desde centrales eléctricas y sistemas de riego hasta autopistas, ferrocarriles e incluso una estación de vigilancia espacial. Cuando Argentina entró en recesión y dejó de pagar los préstamos en 2014, Pekín intervino con canjes de deuda para ayudar a asegurar la economía sin intervención occidental.

Esta generosidad viene con serias condiciones, y el coste resultante de las comisiones y el seguro de crédito es un problema para muchos países de esta lista. Para Argentina, significó que un préstamo de $4.700 millones (unos 4.385 millones de euros) de bancos chinos para construir una central hidroeléctrica venía con una comisión del 1,5 % por impago, además de una póliza de seguro de la empresa china Sinosure que vale la friolera del 7 % del préstamo, o $503 millones (unos 469 millones de euros).

Acumulando una deuda total de $37.700 millones (unos 35.000 millones de euros) en los últimos 20 años y en medio de una crisis económica, Argentina tiene dificultades para pagar sus deudas y sigue recurriendo a China para que la rescate.

En toda Sudamérica, Brasil es fácilmente el mayor receptor de fondos de la BRI y el que más deuda total tiene con China. Las empresas chinas se han volcado en la industria eléctrica del país (casi la mitad de la financiación se destina a proyectos en este sector), mientras que el petróleo y la minería también han sido objeto de importantes inversiones.

Funcionarios estadounidenses han advertido a Latinoamérica de la “trampa de la deuda” que está provocando crisis económicas en todo el mundo, mientras que el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro se ha opuesto abiertamente a la influencia china. Sin embargo, Brasil ha iniciado aún más lazos comerciales con China.

Al igual que Vietnam, el préstamo de $4.000 millones (unos 3.720 millones de euros) concedido a Indonesia para un programa de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad se había ocultado previamente a las cuentas públicas. Todo salió a la luz cuando las obras de construcción superaron el presupuesto en otros $1.500 millones (unos 1.400 millones de euros), y el gobierno indonesio tuvo que utilizar fondos estatales para rescatar al ferrocarril.

En abril de 2023, obtuvo un préstamo por valor de $560 millones (unos 521 millones de euros) del Banco de Desarrollo de China, lo que garantizó que el ferrocarril pudiera ponerse en marcha en octubre. Las investigaciones han puesto de manifiesto la preocupación por que este proyecto sea un ejemplo de cómo Indonesia cae víctima de la “trampa de la deuda” que se observa en otros países, especialmente si se tiene en cuenta que el país del sudeste asiático tiene ahora una deuda total estimada con China de $55.000 millones (unos 51.150 millones de euros).

La relación entre Pekín y Kazajstán ha sido inestable en los últimos 20 años, durante los cuales Kazajstán ha acumulado una deuda total de $64.200 millones (unos 59.700 millones de euros). Y a medida que Kazajstán ha tenido dificultades para devolver sus préstamos, China ha ido adquiriendo una mayor participación en la industria petrolera del país. Durante una crisis económica, por ejemplo, China proporcionó $5.000 millones (unos 4.664 millones de euros) de financiación, destinando unos $3.500 millones (unos 3.265 millones de euros) a saldar su deuda por equipos adquiridos a China.

Por tensa que sea la relación, Kazajstán sigue asociándose con China para ampliar la capacidad ferroviaria en sus regiones fronterizas compartidas, con un nuevo megaproyecto de circunvalación ferroviaria en marcha en 2023.

Uno de los grandes riesgos que ha asumido China es confiar en que los países puedan devolver sus préstamos con los ingresos en efectivo de las exportaciones de recursos naturales, como ha ocurrido en el caso de Angola, rica en petróleo. En 2015, el Banco de Desarrollo de China concedió un préstamo de $15.000 millones (unos 13.950 millones de euros) que exigía que el gobierno angoleño mantuviera un saldo mínimo de $1.500 millones (unos 1.400 millones de euros) en una cuenta bloqueada como garantía. Sin embargo, cuando cayeron los precios del petróleo, el gobierno ya no pudo hacer frente al servicio de la deuda.

China accedió a reprogramar el préstamo, aplazando la mayor parte del pago y utilizando el dinero de la cuenta bloqueada para cubrir los intereses. Calculando que la mayor parte del efectivo se acabaría en pocos años, exigió a Angola que aportara otros $1.500 millones (unos 1.400 millones de euros) antes de 2023.

Pakistán ya se ha beneficiado anteriormente del programa BRI, habiendo visto la creación de 200.000 puestos de trabajo y unos 1.450 kilómetros de carreteras, así como la ampliación de puertos y el impulso de la electricidad a la red nacional. Sin embargo, la mayoría de las inversiones que hicieron posibles estos logros en infraestructuras procedían de préstamos a tipos comerciales o cercanos a ellos.

Ahora la deuda externa está paralizando Pakistán y sus reservas de efectivo están casi agotadas. ¿Cuál es el resultado? Una angustia económica paralizante, que ha destruido millones de puestos de trabajo y sumido a la población en la pobreza. La nación depende también de los préstamos de emergencia a alto interés de China, cuyos bancos estatales temen el impacto económico de que países como Pakistán no paguen su deuda.

En Venezuela, China ha apostado fuerte con préstamos para petróleo cuyo reembolso podría realizarse en forma de exportaciones de petróleo si el prestatario incumple. Los préstamos incluían un acuerdo financiero para prestar dinero, así como un acuerdo comercial para que los importadores chinos compraran petróleo a la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural PDVSA, que también constituye la garantía del acuerdo financiero.

Tras el impacto de la crisis financiera en la industria petrolera, China y Venezuela se encontraron en un callejón sin salida. Los ingresos del petróleo se destinaban cada vez más a China en lugar de reinvertirse en PDVSA, que entonces tenía dificultades para financiar sus operaciones. Esto, a su vez, puso en peligro su producción y, en última instancia, la capacidad de Venezuela para pagar las deudas. Analistas del Wilson Center del Kissinger Institute han sugerido que, en lugar de crear una “trampa de la deuda”, China se ha visto “atrapada en una trampa de acreedores” en Venezuela.

Rusia, el mayor receptor de fondos del programa BRI, es, con diferencia, el mayor prestatario de China, acumulando una deuda total de $169.300 millones (unos 157.400 millones de euros) en los últimos 20 años. Sin embargo, las cifras de AidData solo tienen en cuenta los préstamos que tuvieron lugar entre 2000 y 2021 y, siendo realistas, es probable que esta cifra sea aún mayor tras la invasión rusa de Ucrania.

Ante las sanciones occidentales, Moscú ha recurrido a Pekín para asegurarse importantes sumas de dinero, y se ha informado de que los cuatro mayores bancos chinos han cuadruplicado su exposición al sector bancario ruso desde febrero de 2022. Los proyectos que utilizan fondos de la BRI siguen en marcha en Rusia, y los funcionarios locales informan de nuevas inversiones por valor de hasta $1.600 millones (unos 1.492 millones de euros) en 2022 solo en la región de Khabarovsk Krai. Esto incluye infraestructuras para construir el Ferrocarril del Pacífico Ruso, un proyecto diseñado para ampliar la capacidad a lo largo del ferrocarril transiberiano hacia el norte, hasta el Ártico.

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