Latinoamérica avanza hacia 2026 con un crecimiento moderado y grandes contrastes. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la región crecerá un 2,4% el próximo año, una cifra ligeramente superior a la de 2025, pero aún lejos del dinamismo que mostró antes de la pandemia. Este porcentaje corresponde al crecimiento real del PIB interanual, un indicador que mide cuánto aumenta o disminuye la producción total de bienes y servicios de un país ajustada a la inflación.
El informe más reciente del organismo —el Regional Economic Outlook: Western Hemisphere— señala que el consumo sigue siendo el principal motor de la actividad, mientras la inversión y las exportaciones continúan rezagadas.
El resultado es una región dividida: algunos países consolidan su recuperación gracias a la estabilidad fiscal, las exportaciones o el turismo, mientras otros se enfrentan a políticas de ajuste, inflación persistente o estancamiento productivo.
Para este análisis, tomamos los datos oficiales del FMI, que recogen las proyecciones económicas para 2026 publicadas en abril de 2025, y hemos hecho dos rankings. Consideramos, entonces, que las economías que están por encima del promedio regional (2,4%) son las que se espera que crezcan con más fuerza —las veremos en el primer ranking— y, por debajo de ese umbral, estarán aquellas que permanecerán prácticamente estancadas o incluso en declive.
Aunque se trata de un Estado libre asociado de EE.UU., Puerto Rico comparte dinámicas culturales, estadísticas y desafíos latinoamericanos y por eso figura en este ranking.
Empezamos con El Salvador, donde el FMI prevé un crecimiento del 2,5% en 2026, ligeramente por encima del promedio regional. El país mantiene la estabilidad macroeconómica gracias al apoyo financiero del Fondo, el aumento del turismo y el flujo constante de remesas familiares —el dinero que los ciudadanos que viven en el extranjero envían a sus familias—, que representan más del 20% del PIB.
Pero detrás de los buenos números se esconde un panorama político mucho más sombrío. Bajo el mando del presidente Nayib Bukele (en la imagen), el país ha sido duramente criticado por organismos internacionales por la erosión del Estado de derecho y el uso del poder para consolidar un control casi absoluto sobre las instituciones. Según un reportaje de The Guardian, un periódico independiente británico, el gobierno ha detenido a más de 36.000 personas bajo un estado de excepción prolongado, en un contexto que Amnistía Internacional describe como una ola de “violaciones masivas de derechos humanos”.
Aunque Bukele presume de haber reducido drásticamente la violencia, medios internacionales y economistas señalan que la falta de transparencia, la represión política y decisiones como la adopción del bitcoin —calificada por el FMI como una medida de alto riesgo— amenazan la confianza de los inversionistas. En términos económicos, El Salvador avanza, sí, pero sobre una base frágil y crecientemente autoritaria.
En el puesto 9 encontramos a Uruguay, empatado con otros dos países de la región que exploraremos más adelante. El FMI prevé para 2026 un crecimiento del 2,6%, impulsado por la recuperación agrícola y el aumento de las exportaciones tras la fuerte sequía de 2023.
Desde el 1 de marzo de 2025, quien ocupa la presidencia es Yamandú Orsi (en la imagen), del partido Frente Amplio. Bajo su mandato se espera un énfasis renovado en políticas sociales y un abordaje distinto respecto a la orientación económica de gobiernos anteriores. El Banco Mundial reconoce que Uruguay conserva una de las políticas fiscales más sólidas de la región, con deuda controlada y gestión prudente del gasto público.
La CEPAL destaca, además, la baja inflación y la estabilidad institucional como factores que sostienen la confianza de los inversores y el consumo interno. El FMI subraya que la diversificación de las exportaciones —desde productos agroindustriales hasta energía renovable y servicios digitales— ayuda a mitigar los efectos de la desaceleración global y refuerza la resiliencia del país.
Otro país que comparte posición con Uruguay es Perú, donde el FMI proyecta un crecimiento del 2,6% en 2026, impulsado por la recuperación del sector minero y la estabilidad monetaria mantenida por el Banco Central de Reserva.
Según la CEPAL, la expansión de la minería —especialmente en cobre y con el litio en fase exploratoria— sigue siendo uno de los motores clave del país, junto con una inflación moderada y un tipo de cambio estable. Sin embargo, la prolongada inestabilidad política tras la llegada al poder de la presidenta Dina Boluarte (en la imagen), en diciembre de 2022, ha generado protestas, una crisis de legitimidad y parálisis en la aprobación de proyectos públicos y privados. De acuerdo con el Banco Mundial, esta incertidumbre institucional ha debilitado la confianza empresarial y frenado la ejecución de inversiones estratégicas en infraestructura y energía.
Aun así, las proyecciones reflejan una economía con fundamentos sólidos y espacio para crecer si logra estabilizar su panorama político y fortalecer la inversión pública en regiones afectadas por la desigualdad y la conflictividad social.
Cerrando este triple empate se encuentra Colombia, donde el FMI prevé un crecimiento del 2,6% en 2026, impulsado por la baja de la inflación, el repunte del consumo interno y la recuperación gradual de la inversión privada.
El gobierno del presidente Gustavo Petro (en la imagen) ha intentado combinar una política social expansiva con disciplina fiscal, promoviendo una transición energética que reduzca la dependencia del petróleo. Sin embargo, la incertidumbre en torno a sus reformas laborales y tributarias ha frenado parte de la inversión, según el Banco Mundial.
La CEPAL señala que los precios favorables del crudo y el dinamismo de sectores como la construcción y los servicios están ayudando a sostener el empleo y la demanda interna, pero el FMI advierte que el gran desafío será traducir esas mejoras coyunturales en un crecimiento más sostenido e inclusivo, apoyado en infraestructura, innovación y estabilidad política.
En el puesto 8 se encuentra Nicaragua, con un crecimiento proyectado del 3,1% en 2026, según el FMI. La economía mantiene su expansión gracias al consumo interno y a las remesas familiares, que siguen siendo una fuente clave de ingresos para miles de hogares en la región.
Sin embargo, este crecimiento ocurre en un entorno político cada vez más autoritario. De acuerdo con la CEPAL, las exportaciones —especialmente de café, carne y oro— seguirán sosteniendo la actividad, pero el país sufre un bajo nivel de inversión extranjera y restricciones financieras internacionales derivadas de las sanciones impuestas al gobierno del presidente Daniel Ortega (en la imagen).
Estas sanciones, aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, responden a la represión de la oposición, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de organizaciones civiles, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que monitorea las violaciones de derechos humanos en el país.
Además, un reportaje de The New York Times, uno de los periódicos más influyentes de EE.UU., describe cómo el régimen de Ortega ha concentrado el poder eliminando la prensa libre y forzando al exilio a miles de críticos, mientras mantiene un férreo control del aparato estatal.
El Banco Mundial señala que la estabilidad cambiaria y la política monetaria prudente del Banco Central han ayudado a contener la inflación, pero advierte que la falta de diversificación productiva y el aislamiento diplomático limitan seriamente el potencial de crecimiento a largo plazo. En resumen, Nicaragua crece, pero en un contexto de aislamiento político y pérdida acelerada de libertades.
En otro empate regional encontramos a Costa Rica, con un crecimiento previsto del 3,4% en 2026, según el FMI. La economía mantiene un ritmo estable impulsado por el sector tecnológico y de servicios, donde destacan las exportaciones de componentes electrónicos y los centros de innovación que operan desde el país.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves (en la imagen) ha buscado atraer inversión extranjera con un discurso de eficiencia estatal y control del gasto, aunque sus enfrentamientos con el Congreso han ralentizado parte de las reformas estructurales. De acuerdo con el Banco Mundial, la consolidación fiscal —las medidas para equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit— ha reforzado la confianza de los mercados, pero el nivel de deuda sigue siendo elevado.
La CEPAL subraya, además, el dinamismo del turismo internacional y el papel del país como referente en sostenibilidad. Aun así, el FMI advierte que el desafío será sostener el crecimiento sin sacrificar la inversión social y aprovechar la transición ecológica para atraer más capital sin aumentar las desigualdades
El FMI proyecta que Honduras crezca un 3,4% en 2026, una cifra que empata con la de Costa Rica y refleja un avance moderado impulsado por el flujo constante de remesas familiares y el dinamismo del consumo interno.
Sin embargo, detrás de estas cifras hay luces y sombras. Según la CEPAL, el sector agrícola y las maquilas seguirán sosteniendo el empleo, pero el país continúa muy expuesto a la volatilidad externa. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro (en la imagen) ha impulsado programas de gasto social y subsidios energéticos para aliviar la desigualdad, pero el Banco Mundial advierte que estas políticas, aunque populares, presionan las finanzas públicas y no abordan las causas estructurales de la pobreza y la informalidad.
El FMI coincide en que Honduras necesita atraer más inversión privada y mejorar su infraestructura energética y de transporte. A menos que logre fortalecer sus instituciones y diversificar su economía, el crecimiento podría seguir siendo más socialmente frágil que sostenible.
Llegamos a la mitad del ranking con Paraguay, una de las economías más estables del Cono Sur. El FMI estima que el país crecerá un 3,5% en 2026, apoyado en la producción agrícola y la energía hidroeléctrica, dos pilares históricos de su economía.
Según la CEPAL, las exportaciones de soja y carne mantendrán su dinamismo, impulsadas por la mejora de los precios internacionales. El Banco Mundial destaca la solidez de las cuentas fiscales y el bajo nivel de endeudamiento público, reforzados por la política económica del presidente Santiago Peña (en la imagen), centrada en atraer inversión extranjera y modernizar la infraestructura.
El desafío para los próximos años, de acuerdo con el FMI, será diversificar la estructura productiva y reducir la dependencia del clima y de las exportaciones agrícolas para asegurar un crecimiento más sostenible y equilibrado.
Seguimos avanzando en el ranking con Guatemala, donde el FMI proyecta un crecimiento del 3,8% en 2026, impulsado por la solidez del consumo interno y el flujo constante de las remesas familiares, que representan cerca del 19% del PIB.
Según la CEPAL, el país mantiene un desempeño estable gracias a la resiliencia del sector agrícola, la expansión de la construcción y la mayor demanda de servicios. El Banco Mundial destaca que las políticas del presidente Bernardo Arévalo (en la imagen), centradas en la lucha contra la corrupción y la eficiencia del gasto público, han contribuido a mejorar la confianza de los inversionistas, aunque persisten retos estructurales.
La inflación controlada y la disciplina fiscal han reforzado la estabilidad macroeconómica, pero la baja inversión pública en infraestructura y las marcadas desigualdades sociales siguen limitando el potencial a largo plazo. Si logra avanzar en sus reformas institucionales, Guatemala podría consolidarse como una de las economías más equilibradas de la región.
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Entramos en el top 3 regional con Panamá, donde el FMI prevé un crecimiento del 4% en 2026. Bajo la presidencia de José Raúl Mulino (en la imagen), el país busca mantener su posición como un centro logístico y financiero dinámico del continente, apoyado en incentivos a la inversión extranjera, continuidad en los proyectos del Canal y la digitalización de servicios.
Mulino ha impulsado la reforma del sistema de pensiones, hablada públicamente en documentos oficiales, y ha enfatizado la soberanía del Canal en foros internacionales. De acuerdo con la CEPAL, Panamá conserva liderazgo regional gracias a su estabilidad macroeconómica y programas orientados a infraestructura y digitalización, aunque la desigualdad aún pesa. El Banco Mundial resalta la solidez bancaria y la estabilidad monetaria, pero insiste: es urgente reforzar la transparencia fiscal y mejorar la gestión del agua, especialmente frente a los efectos que el cambio climático ya empieza a mostrar en el tránsito del Canal.
Si Mulino logra equilibrar crecimiento, reformas sociales y transparencia institucional, Panamá podría consolidar su rol como motor económico regional.
Nos acercamos al primer puesto con Argentina, donde el FMI prevé un crecimiento del 4,5% en 2026. Sin embargo, este repunte debe interpretarse con cautela: más que un avance sostenido, refleja un rebote tras dos años de fuertes caídas del PIB -1,6% en 2023 y -1,7% en 2024, según el propio Fondo.
De acuerdo con la CEPAL, el país sigue enfrentando una inflación crónica y una delicada situación de reservas, pese a los duros programas de ajuste impulsados por el presidente Javier Milei (en la imagen) para estabilizar la economía. El Banco Mundial apunta que las exportaciones agrícolas y energéticas ofrecen cierto respiro, pero el consumo interno continúa deprimido y la desigualdad social, en aumento.
Aun así, el repunte no ha impedido a Milei presumir de cifras positivas como señal de que su plan económico empieza a dar frutos. Para el FMI, aunque su posición en el top 2 regional llama la atención, la recuperación de Argentina sigue siendo más estadística que estructural.
Encabezando el ranking regional, República Dominicana lidera el crecimiento económico de Latinoamérica con un 4,8% previsto para 2026, según el FMI. Este desempeño consolida una tendencia de más de una década de expansión sostenida, impulsada por el turismo, la construcción y las zonas francas industriales.
De acuerdo con la CEPAL, la política económica del presidente Luis Abinader ha sido clave para mantener la estabilidad: control de la inflación, incentivos a la inversión privada y una gestión prudente de la deuda pública. El Banco Mundial destaca además los avances en digitalización, educación técnica y programas de infraestructura, financiados con apoyo de organismos multilaterales, que han fortalecido la competitividad del país.
Mientras el país caribeño celebra su posición de liderazgo, otras economías de la región enfrentan una realidad menos alentadora.
A continuación, veremos qué países crecerán por debajo del promedio o incluso retrocederán en 2026…
Comenzamos el bloque de las economías con crecimiento por debajo del promedio regional con Chile, donde el FMI prevé un avance modesto del 2,2% en 2026. La desaceleración responde a un consumo interno aún débil y a la caída de la inversión, afectada por la incertidumbre política y la lenta recuperación del sector minero.
El gobierno del presidente Gabriel Boric (en la imagen) ha intentado equilibrar sus ambiciones sociales con una gestión fiscal prudente, pero su agenda de reformas —tributaria, previsional y sanitaria— ha enfrentado resistencias en el Congreso y en el sector empresarial. Según la CEPAL, la economía chilena se ha visto condicionada por la baja productividad y la falta de dinamismo en la inversión privada, mientras que el Banco Mundial advierte de los efectos del endeudamiento de los hogares y el encarecimiento del crédito.
El FMI recomienda mantener la disciplina fiscal y avanzar en reformas que fortalezcan la competitividad, especialmente en energía y digitalización. En síntesis, Chile sigue siendo una de las economías más estables del continente, pero su ritmo actual revela los límites de un modelo que necesita adaptarse a un nuevo ciclo político y productivo.
En el puesto 6 del bloque de bajo crecimiento se encuentra Ecuador, donde el FMI proyecta un aumento del PIB del 2,1% en 2026, un avance limitado por la caída de la inversión y el deterioro de las cuentas públicas.
El presidente Daniel Noboa (en la imagen), el mandatario más joven en la historia del país, ha enfrentado un escenario difícil: altos niveles de violencia vinculados al narcotráfico, presión fiscal y una deuda pública creciente. Según la CEPAL, el gasto en subsidios energéticos y las tensiones políticas con el Legislativo han limitado la capacidad del Gobierno para aplicar reformas estructurales.
El Banco Mundial advierte que la economía ecuatoriana sigue siendo altamente dependiente del petróleo y vulnerable a los choques externos, mientras que el FMI subraya la necesidad urgente de fortalecer la recaudación fiscal y mejorar la eficiencia del gasto público. En resumen, Ecuador avanza con dificultad: crece, pero sin el impulso necesario para generar confianza o atraer inversión sostenida.
El FMI prevé que Brasil crezca un 2% en 2026, un ritmo mucho menor que el de los años previos —3,2% en 2023 y 3,4% en 2024—, lo que marca una clara pérdida de impulso en la que suele ser una de las mayores economías de Latinoamérica.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (en la imagen) ha intentado combinar una agenda social ambiciosa con la disciplina fiscal, pero las tensiones con el Banco Central y la falta de consenso en torno a las reglas del gasto han generado incertidumbre en los mercados. Según la CEPAL, el estancamiento responde al bajo dinamismo de la inversión y a la desaceleración del consumo, mientras el Banco Mundial advierte que la productividad sigue estancada pese a los esfuerzos por modernizar la infraestructura.
Además, Lula ha sido criticado por su ambigüedad ambiental, al promover inversiones petroleras en la Amazonía mientras se presenta como referente climático internacional. El FMI reconoce los avances en reducción de la pobreza, pero alerta de que el gasto público creciente y el aumento de la deuda podrían lastrar el crecimiento en los próximos años.
México entra en el grupo de las economías en declive, con un crecimiento proyectado del 1,4% en 2026, según el FMI. La cifra confirma una desaceleración sostenida —del 3,3% en 2023 al 1,5% en 2024, seguida de una contracción del 0,3% en 2025— que refleja el agotamiento del modelo económico de los últimos años.
El relevo político, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum (en la imagen) en 2024, ha marcado un punto de inflexión. Aunque la mandataria ha prometido continuidad con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, hereda un panorama de inversión debilitada, presiones fiscales y un sector energético estancado tras la apuesta estatal por Pemex —la petrolera pública mexicana, una de las más endeudadas del mundo—, que sigue absorbiendo recursos públicos sin lograr una modernización profunda.
Según la CEPAL, la baja productividad y la dependencia de las remesas —más de 60.000 millones de dólares anuales— continúan limitando el crecimiento estructural. El Banco Mundial advierte que la política de austeridad y la falta de certidumbre regulatoria han frenado la inversión privada y retrasado la transición energética. En este contexto, el FMI recomienda fortalecer la competencia, modernizar el sistema tributario y diversificar la economía para reducir su vulnerabilidad ante los ciclos de EE. UU.
México llega a 2026 con poca estabilidad macroeconómica y con un declive que ya no acompaña su peso político ni su potencial industrial.
Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados en dos décadas. El FMI prevé un crecimiento del 0,9% en 2026, el más bajo de Sudamérica entre los países sin recesión técnica. La cifra confirma un declive sostenido tras años de expansión impulsada por el gas natural, un recurso que hoy se agota en medio de problemas de inversión y gestión estatal.
El gobierno del presidente Luis Arce (en la imagen), sucesor político de Evo Morales, enfrenta una tormenta económica y política: reservas internacionales en mínimos, inflación contenida a costa de subsidios y crecientes dificultades para mantener la estabilidad cambiaria. Según la CEPAL, la falta de divisas ha llevado al país a imponer controles a las importaciones y a recurrir a créditos de emergencia.
El Banco Mundial advierte que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), antaño motor del desarrollo nacional, se encuentra en crisis por falta de inversión y caída de la producción. A ello se suma la pugna interna entre Arce y Morales, que ha profundizado la parálisis política y ahuyentado la inversión extranjera.
En suma, Bolivia se mantiene a flote, pero su modelo económico —basado en la renta del gas y un Estado hiperintervenido— parece agotado y sin una alternativa clara a corto plazo.
El FMI proyecta que Puerto Rico registre un leve retroceso del –0,1 % en 2026, prolongando su ciclo de bajo crecimiento estructural. Aunque la isla ha mostrado cierta recuperación tras los huracanes y la pandemia, la economía continúa lastrada por un endeudamiento público crónico, la dependencia fiscal de EE.UU. y la pérdida constante de población.
La nueva gobernadora, Jennifer González-Colón (en la imagen), en el cargo desde enero de 2025, enfrenta el reto de reactivar la inversión privada y contener la emigración de profesionales hacia el territorio continental estadounidense. Según el Banco Mundial, esa fuga de talento ha reducido la fuerza laboral y el consumo interno, mientras que la inseguridad jurídica derivada del proceso de reestructuración de la deuda sigue frenando la inversión.
La CEPAL advierte que la reconstrucción de infraestructura tras los desastres naturales avanza con lentitud y deja a la isla vulnerable frente a huracanes y sequías. Para el FMI, el problema de fondo es estructural: Puerto Rico utiliza el dólar estadounidense y depende del comercio y los fondos federales, sin margen para aplicar una política monetaria propia. Sin reformas que impulsen la productividad y la diversificación, la economía seguirá atrapada entre la dependencia fiscal y el estancamiento.
Cerramos el ranking con Venezuela, donde el FMI proyecta una contracción del 5,5% en 2026, la más severa de toda Latinoamérica. El país, que llegó a ser una de las economías más prósperas de la región gracias a su petróleo, enfrenta ahora una crisis prolongada marcada por la inflación crónica, el colapso institucional y la pérdida masiva de capital humano.
Bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro (en la imagen), en el poder desde 2013, Venezuela ha experimentado una década de contracción casi continua. Según la CEPAL, la economía se ha reducido a menos de la mitad de su tamaño de hace diez años, afectada por la caída de la producción petrolera, las sanciones internacionales y la falta de inversión. El Banco Mundial advierte que la inestabilidad política y la ausencia de reformas estructurales han limitado cualquier posibilidad de recuperación sostenible.
El FMI estima que más de 7,7 millones de venezolanos han emigrado desde 2015, el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina. Esa diáspora —integrada por profesionales, trabajadores y familias— ha permitido sostener a millones de hogares mediante remesas, pero también ha dejado un vacío profundo en el tejido social y productivo del país.
Sin un cambio político y económico profundo, Venezuela continuará atrapada en un ciclo de estancamiento y desigualdad. Aun así, la resiliencia y solidaridad de su gente, dentro y fuera del país, siguen siendo el motor más visible de esperanza frente a una crisis que ya se extiende por más de una generación.
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